Bandos aseguran poseer la mejor opción, para sacar a flote la enferma economía baruense.
La extinta Zona Franca, continúa inmersa en las disputas intestinas de dos grupos de la fenecida Cooperativa de Servicios Múltiples (COOSEMUPAR), uno de ellos solicita la adjudicación del título de manera colectiva, mientras tanto la otra parte, demanda recibir las tierras individualmente.
Por un lado están los que creen en la conformación de una sociedad agraria, para lo cual demandan el título colectivamente, ya que según ellos, esta figura les da mayor solidez y confianza a los inversores que puedan venir a futuro.
Simón Lezcano, partidario de esta ponencia, asegura que más de 2 mil ex-trabajadores del sector bananero acuerpan la moción que las tierras se otorguen de forma colectiva. “La asamblea celebrada el domingo 27 de mayo, es la prueba irrefutable, del sentir de las mayorías en el área de Barú”, dijo Lezcano para respaldar las aspiraciones de este grupo.
El bando al que pertenece Lezcano condena, el título individual por considerarlo lesivo para la estabilidad de las actividades empresariales. “Funcionar de forma individual, no garantiza la durabilidad de las inversiones, porque cuando unos varios propietarios decidan retirarse debilitarán la compañía del momento y ahuyentarán a las que vengan”, expresó una moradora, quien dijo haberse desempeñado como seleccionadoras, de banano.
Por el otro lado de la moneda, se observa a los que esperan la designación individual de las tierras. Ellos también aseveran tener las mayorías de su lado, pero han declarado 700 simpatizantes, un número menor al descrito arriba. Dijeron que su mayor temor, al otorgárseles la tierra colectiva, es el “Déjà vu”, que ven venir tras este proyecto.
“No queremos que se repita lo ocurrido con COOSEMUPAR, donde 40 socios mandaban y más de 2 mil, no tenían voz ni voto”, asegura Anselmo Mariano, vigilante de la garita y antiguo empleado de seguridad en la extinta cooperativa.
Mariano apoya la concesión individual, por definirla como la garantía de participación en una sociedad justa, en donde cada trabajador tenga la posibilidad de conversar directamente con los inversionistas, sin necesidad de intermediarios. “Con esto, se evita malos manejos y la defraudación de la clase trabajadora, que siempre ha perdido”, señalizó el obrero.
Finalmente, será la Autoridad Nacional de Tierras la que determine como se otorgarán las 2 mil 400 hectáreas que reclaman en la región “bananera”.