En los últimos días, las bases de la dirigencia Ngäbe Buglé han estado celebrando cenáculos, para exigir el cumplimiento de ciertos acuerdos en el tema hidroeléctrico y en la liberación de algunos detenidos de esa etnia; lo cual los llevó a formar el comité de vigilancia y desarrollar acciones de protestas en las inmediaciones del Órgano Judicial.
Según el Ingeniero Celio Guerra, Presidente del Congreso General Tradicional, la tardanza en el pago de las indemnizaciones para los familiares de Jerónimo Rodríguez y Mauricio Méndez, supuestas violaciones a los derechos humanos en las detenciones de los 16 indígenas en Tierras Altas, y la ininterrupción de los trabajos en el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que amenaza con dejar inundados a varios poblados, son algunas de las causas de su descontento.
Guerra indicó que ha pasado mucho tiempo desde que se firmaron los acuerdos y hasta el momento, los deudos de Jerónimo y Mauricio, no han recibido la indemnización correspondiente. “Estamos preocupados porque ya transcurrieron más de siete meses y el Gobierno no ha hecho efectiva la indemnización”.
Por otro lado, el asunto hidroeléctrico, el dirigente señaló que en las comunidades de Cerro Viejo, Cerro Venado. Quebrada Caña, Calabacito, Nuevo Palomar, se mantienen en alerta porque aunque el muro de contención está fuera de los límites comarcales, se prevé que el agua represada inunde toda esta región.
Se refirió también a las investigaciones y procesos de los 16 indígenas detenidos en la Cárcel de David, quienes según el dirigente, en su mayoría fueron apresados sin bases sólidas. “Estamos de acuerdo con la preservación del orden público, pero aborrecemos el abuso de poder y en este caso muchos de ellos se les detuvo sin mayores pruebas”, dijo Celio Guerra.
Según fuentes judiciales, los 16 indígenas se encuentran detenidos bajo investigación por lesiones a la propiedad pública, es decir la destrucción del cuartel de la Policía, la corregiduría y la Infoplaza en el corregimiento de Volcán, el 11 de agosto del año en curso.
Conforme a lo dicho por los dirigentes, la fiscalía no ha compilado pruebas suficientes para mantener detenidos a sus paisanos, por lo cual deberían ser puestos en libertad, según ellos.