La implementación del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios en la república de Panamá desde hace cuatro años, ha sido según sus propulsores, el arma letal para bajar los altos índices de procesos judiciales paralizados.
Mirna Rosales Aguilar, gerente del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales en Panamá, adelantó que con la puesta en marcha de este nuevo proceso, se ha logrado llegar a un 75% de la población panameña, con aproximadamente 700 facilitadores judiciales, que han llevado a sus comunidades asesoría, información, cultura jurídica, paz social y hasta disminución de la pobreza.
Los procesos judiciales que adelantan las corregidurias, juzgados, fiscalías, Ministerio Público y hasta la Corte Suprema de Justicia, son fuertemente cuestionados por los retrasos que sufren ocasionalmente, pero según dijo Rosales, cuando se resuelven los conflictos por medio de los Facilitadores Judiciales, se logra disminuir tiempo, gastos, y recurso humano.
Por su parte Lenis Bustamante, coordinadora general del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales por parte del Poder Judicial Panameño, expresó que Panamá es el tercer país que adoptó la medida, antecedido sólo por Nicaragua y Paraguay, añadió que después de haberse implementado en 5 de las 9 provincias panameñas, son cuatro las naciones que se han unido al proyecto, con miras de rescatar la administración de justicia.
En la provincia de Chiriquí, hace más de un año, entró en vigencia el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios en los distritos de Barú, David, Remedios, San Lorenzo y Tolé, sin embargo se espera que a finales de año, la medida abarque otras áreas ya que según dijera Bustamante, todo esto ha logrado mejorar la administración de justicia en Panamá.
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