Las Juntas Administrativas de Acueductos Rurales están a la exceptiva por la presunta privatización de sus afluentes, que impulsa un anteproyecto de ley que trata el tema hídrico. Ellas, se mantienen vigilantes.
Para Damaris Sánchez algunos artículos que reformula la ley de distribución del agua potable, suena a privatización del servicio. Según ella ese lenguaje que hable de transferir la administración desarrollada hasta el momento por las JAAR al Idaan no es más que una forma de privatización.
Sánchez indica que la posibilidad de tercerear el servicio abre la puerta para que capital privado se tome el recurso y encarezca los precios.
Por otra parte, Edidio Bonilla, maestro de profesión y presidente de una junta rural en la comunidad de Santa Rita de Boquerón, expresó que las organizaciones comunitarias deben estar alertas para que no sean sorprendidos, por dicho anteproyecto y pierdan la constancia de servicio que hasta ahora han recibido.