La discusión del proyecto de ley 402 (Sala Quinta), en la Asamblea Nacional de Diputados, medida que según los proponentes, agilizará el trámite de garantías constitucionales, como los recursos de Habeas Data y Habeas Corpus, continúa generando opiniones encontradas en distintos sectores de la sociedad panameña.
La Asamblea, que ha sido escenario en los últimos días de constantes cuestionamientos y peleas, entre diputados de gobierno y oposición, donde la presencia de los diferentes sectores de la sociedad civil, ha hecho que la discusión del proyecto sea más controversial, ya que algunos ven la implementación de la Sala Quinta, como un recurso a favor del pueblo, mientras que otros perciben simplemente concentración de poderes por parte del ejecutivo, y hasta relección presidencial.
Para el diputado de gobierno Rony Araúz, los diputados de oposición, han dicho una verdad a medias, diciendo que la Asamblea actual, está creando la Sala Quinta, sin embargo las raíces de esta propuesta, se encuentran en la administración del expresidente Ernesto Pérez Balladares, como la ley 32 de 1999.
Araúz explicó, que posteriormente en la administración de la señora Mireya Moscoso, fue derogada esta ley, por la ley 49 de 1999, la cual generó la presentación de cuatro demandas ante la Corte Suprema de Justicia, y siendo que esta ley era inconstitucional, el año pasado la corte dio un fallo en el cual se deroga dicha ley, expresó.
El diputado dijo que al emitirse el fallo por la Corte, se le vuelve a dar vida a la ley 32 de 1999, por lo que le corresponde a la Asamblea por mandato constitucional, tratar de adecuar una ley con base jurídica, sin embargo las bancadas de oposición, han dado un mensaje incorrecto a sus electores sobre este tema, que más que crear una Sala Quinta, busca modificar y adecuar el código judicial, para darle un marco jurídico a la sala quinta.
Por su parte el abogado Edwin Álvarez Camaño, asegura que la medida es una sentida necesidad de la ciudadanía, con miras a establecer un mecanismo que proteja de manera efectiva, los derechos fundamentales de los individuos, y las garantías a través de la cual se hacen valer estos derechos.
Álvarez explicó, que más que discutir el tema de la Sala Quinta, se debe someter a debate un documento presentado por los notables, donde se plantea una serie de reformas a la constitución, que involucra profundas modificaciones a la administración de justicia, y en la que se plantea la posibilidad de crear una sala constitucional, que no solamente abordaría los tópicos de garantías constitucionales, sino también la esencia de la constitución, apuntó el jurista.
El tema de la Sala Quinta, continúa siendo una discusión tambor batiente, mientras se espera que el ejecutivo, designe el nombramiento de los nuevos tres magistrados, que ocuparán estos cargos en dicha dependencia.